Expertos consultados por la organización Chequeado se manifestaron críticos con la creación de la Oficina de Respuesta Oficial creada por Javier Milei.
En las últimas semanas, el debate sobre la libertad de expresión ha vuelto al centro de la escena política nacional y provincial. Bajo el argumento de combatir la desinformación y las supuestas noticias falsas, surgió con fuerza una tendencia de los oficialismos de todos los colores por establecer mecanismos de vigilancia y respuesta sobre las opiniones divergentes, un fenómeno que reabre viejas heridas sobre el rol del Estado como juez de la verdad.
Esta inclinación no es nueva en la historia argentina. El siglo pasado abunda en funcionarios de facto e incluso elegidos por el pueblo que apelaron a este mecanismo para sostener sus relatos públicos. El antecedente reciente más nítido se encuentra en la fallida Ley de Medios impulsada por el kirchnerismo. Aunque fue presentada bajo la noble (y manchada) bandera de la “pluralidad de voces”, su implementación y trastienda reveló un objetivo real distinto: controlar a los medios y a los periodistas opositores, utilizando la estructura estatal para asfixiar económicamente a empresas críticas y favorecer la fluidez de un relato y pensamientos únicos.
Días atrás, la organización Chequeado.com elaboró una investigación sobre la creación de la Oficina de Respuesta Oficial creada por orden directa del presidente Javier Milei este mes, con el propósito principal de “desmentir activamente -a través de una cuenta oficial de X- mentiras, falsedades y operaciones en medios y redes sociales”.
Del informe de Chequeado se desprede que la mayoría de los especialistas en derecho constitucional consultado advirtieron que los gobiernos “no son actores neutrales para ejercer la función de verificadores”.
“El Estado -agrega el relevamiento- posee una asimetría de poder que, al ser utilizada para señalar discursos ajenos, puede derivar en formas encubiertas de hostigamiento. Según los expertos, el riesgo es que el uso de recursos públicos para desacreditar voces críticas termine generando un efecto de autocensura en la sociedad civil.
Delia Ferreira Rubio, especialista en transparencia, sostiene que es “sumamente peligroso” que el poder político regule qué es y qué no es desinformación. Al otorgar al gobierno la facultad de definir la “verdad”, se abre la puerta a la discrecionalidad, ya que los criterios de selección de qué información se cuestiona suelen ser arbitrarios, apuntando casi siempre a la disidencia y omitiendo los errores o sesgos de la narrativa oficial.
Finalmente, las investigaciones subrayan que estas iniciativas oficiales suelen incumplir los estándares internacionales de metodología. Mientras que las organizaciones de verificación independientes publican sus fuentes y métodos, las oficinas estatales operan a menudo sin responsables claros. Esto no solo afecta la libertad de expresión, sino que aumenta la desconfianza social, llevando a un escepticismo donde la ciudadanía termina por no creer en ninguna institución.
Rechazo empresario y profesional
A propósito, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha manifestado su firme y crítica postura a través de recientes comunicados y declaraciones. La entidad sostiene que cualquier intento estatal de monitorear o calificar la información constituye un avance indebido sobre la libertad de prensa. En sus documentos, ADEPA resalta que la democracia se fortalece con más debate, no con organismos que actúen como “comisarios de la palabra”.
Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también ha emitido declaraciones de alerta ante el avance de proyectos restrictivos. La organización subraya que los mecanismos de control suelen ser utilizados como herramientas de amedrentamiento contra el periodismo de investigación. La organización profesional enfatiza que la protección contra la desinformación debe provenir de la educación y el fortalecimiento del periodismo profesional, y no de regulaciones que asfixien la libre circulación de ideas.
fuente mendozatoday
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